Emilio Botín, ex-presidente del Banco Santander

Emilio Botín, ex-presidente del Banco Santander

Parece ser que el reciente juicio (o Auto de Fe para más de uno) al que se está sometiendo la Infanta Cristina ha puesto en boca de todo el mundo la conocida como Doctrina Botin. No son pocas las personas ajenas al mundo del Derecho ( y alguno que otro que no era ajeno en absoluto) que me han preguntado en que consiste exactamente la Doctrina Botín. Voy a tratar de explicar muy sintéticamente en que consiste, a grandes rasgos, la Doctrina Botin y la Doctrina Atutxa.

La Doctrina Botin tiene su origen en la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/07, de 17 de diciembre (aunque en realidad fue la Audiencia Nacional quién dio lugar a su origen). En la causa referida se encontraban imputados el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, tres directivos más del Banco Santander y 20 clientes. Se les imputaban delitos contra la Hacienda Pública y delitos de falsedad documental. Sin embargo (y aquí un punto muy importante) tanto el Ministerio Fiscal como las Acusaciones Particulares habían interesado el sobreseimiento de la causa (el archivo de la misma). Únicamente fueron las Acusaciones Populares ( la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes y el partido ICV) quienes interesaron la continuación del proceso y por tanto sentar en el banquillo de los acusados a Botín y cía (en el caso de la Infanta es únicamente Manos Limpias, como Acusación Popular, quien interesó la continuación del proceso, mientras que Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado interesaron el archivo).

Visto que solamente solicitaba la Acusación Popular que continuase el proceso contra los acusados, y que tanto Ministerio Fiscal como Acusación Particular solicitaban el archivo, primero la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo entendieron que ciertamente procedía el archivo de la causa. En resumidas cuentas, el Tribunal Supremo considera que la Acusación Popular queda excluida del contenido del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando los hechos delictivos imputados tienen un interés social y particular, y tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular (que podríamos identificar como el garante del interés particular) deciden solicitar el archivo de la causa. Por tanto, para poder sentar a una persona (física o jurídica) en el banquillo de los acusados es necesario que junto a la Acusación Popular,  acusen, como mínimo, el Ministerio Fiscal o la Acusación Particular.

No obstante, con escasamente un año de diferencia, el Tribunal Supremo crea la Doctrina Atutxa, que resuelve de forma diferente un caso “algo” parecido. En este caso los imputados eran Juan María Atutxa, entonces presidente del Parlamento Vasco, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, miembros de la Mesa de la Cámara.Todos ellos fueron imputados por un delito de desobediencia ya que se negaron a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak tal y como había ordenado el Tribunal Supremo tras ilegalizar Batasuna. En este caso, tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Popular (ejercida por Manos Limpias) formularon querella, pero la Instructora del asunto decidió archivarlo al considerar que los hechos no revestían naturaleza delictiva. Solamente recurrió Manos Limpias dicho sobreseimiento. Los letrados de los imputados apelaron a la Doctrina Botín para fundamentar su pretensión de archivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo, al contrario que en el caso Botín, dio la razón a la Acusación Popular, aún cuando solamente ella había interesado la continuación de la causa, ya que entendió que el delito de desobediencia afecta a intereses colectivos y que por tanto, no será necesario que junto a la Acusación Popular concurran la del Ministerio Fiscal o la de la Acusación Particular para que ésta prospere.

¿Cual es el problema que surge en relación a la imputación de la Infanta Cristina? Que se le imputan dos delitos fiscales, y éste delito afecta a un interés particular, cuyo perjudicado, en este caso es la Hacienda Pública, y tanto ésta como el Ministerio Fiscal han solicitado el archivo, por lo que procedería aplicar la Doctrina Botín.

Sin embargo planteo la siguiente reflexión: ¿El perjudicado en un delito fiscal es solamente la Hacienda Pública? ¿No se protege con el mismo un interés colectivo? ¿Pero hacienda no somos todos?.

Víctor Muñoz Casalta