Blog Derecho Penal | In Dubio Pro Blogger

Blog de Derecho Penal y Procesal Penal de Víctor Muñoz Casalta

Etiqueta: criminal

Vídeos que todo abogado penalista debería ver

Siguiendo la estela dejada por el post dedicado a los libros que todo abogado penalista debería leer, hoy le toca el turno a otro medio: el audiovisual. Vamos a hablar de vídeos y de youtube.

Recientemente, frikeando un poco por internet (ciertamente buscar en youtube vídeos sobre Derecho Penal es algo friki, todo hay que decirlo) he tenido la fortuna de toparme con los vídeos de Fernando Miró. Para aquellos que no le conozcan (que dudo que entre los amantes del Derecho Penal sean muchos), Fernando Miró es catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Miguel Hernández de Elche y Director de Crimina, centro de investigación criminológica de la Universidad de Elche y el Ayuntamiento de Elche, dedicado a la investigación científica especializada en criminología aplicada a la prevención y el tratamiento de la delincuencia. Fernando es, además, uno de mis autores preferidos.

Sin duda alguna (y en esto coincidirán la inmensa mayoría de mis colegas) la Teoría General del Delito o más extensamente la Parte General del Derecho Penal es la gran olvidada en las salas de vistas. Esto, para aquellos que ejercemos y además somos “muy teóricos” (como más de una vez he escuchado de boca de un compañero) nos saca de nuestras casillas. En alguna ocasión, incluso he llegado a escuchar una frase tan lapidaria como la siguiente: “la Parte General del Derecho Penal no sirve para nada”. ZASCA!! (o What the Fuck??, según se mire). Pues bien, yo discrepo total y absolutamente de lo anterior, porque no nos equivoquemos, sin conocer y dominar la Parte General del Derecho Penal poco me parece a mi que se puede decir sobre la Parte Especial.

Y sobre la Parte General (y sobre la Especial también, lógicamente) sabe un rato Fernando Miró. Los enlaces que a continuación comparto linkean a su propio canal y al de DERECHO PENAL TDV FAQ’s de la UMH. En ellos, Fernando explica magistralmente (para mi gusto) la Teoría General del Delito. Sinceramente, me parece una iniciativa excelente tanto por parte de Fernando como por parte de la UMH, ya que permite acercar el Derecho Penal no solamente a aquellos que nos apasiona, si no también a cualquier persona que se muestre interesada en saber qúe es eso del Ius Puniendi.

Dejo a continuación los links de youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCmjlpEBi78zGBDPQ3RQhi2g

https://www.youtube.com/user/InnovacionDocenteUMH/search?query=Derecho+penal

Renuncia tácita a la dispensa del art. 416 LECrim

Como ya publiqué en un artículo anterior, no son pocas las ocasiones en las que aquellos que estamos inscritos en el turno de oficio penal, y más concretamente, en el turno especial de víctimas o imputados VIDO, no encontramos con una víctma que llegado un determinado momento procesal (normalmente su declaración en sede judicial, aunque también muchas veces en su declaración en juicio oral) decide acogerse a la dispensa que le otorga el art. 416 LECrim y por tanto no declara contra el imputado, lo que suele conllevar un sobreseimiento automático o un pronunciamiento absolutorio. Sin embargo, en muchas tertulias con compañeros he discutido dicha prerrogativa, dado que en muchas ocasiones la misma provoca una actuación absolutamente innecesaria por parte de todo el aparato judicial, con los costes que ello conlleva. Por tanto, hasta que punto puede acogerse a la dispensa una persona que ha iniciado ella misma una actuación judicial a través de la presentación de denuncia o querella? ¿Se entiende que la misma tácitamente renuncia a la dispensa? ¿Qué ocurre si la misma se persona como Acusación Particular en el proceso?. Para dar respuesta a las anteriores cuestiones, reproduzco el FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO de la STS 449/2015, de 14 de julio de 2015:

” Tercero.‐ El segundo motivo , por igual cauce que el anterior denuncia quiebra del derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. En la argumentación del motivo se sostiene que la víctima, la ex pareja del condenado, Maribel , ni durante el atestado, ni en la instrucción, ni tampoco en su declaración en el Plenario se le instruyó de su derecho a no declarar según disponen los arts. 416 y 707 de la LECriminal , y que por tanto, su declaración no puede ser tenida en cuenta, debiendo ser eliminada del acervo probatorio de cargo, lo que lleva, según la tesis del recurrente a un vacío probatorio de cargo incapaz de sostener la condena contra el recurrente ya que los solos puntos de asistencia y los testimonios de referencia no tienen la consistencia suficiente para soportar y justificar la condena. Hay que recordar que el art. 416‐1º de la LECriminal declara exentos de la obligación de declarar, entre otras personas a “la persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial” con el agresor. Exención que tiene naturaleza constitucional como se acredita con el art. 24‐2º, último párrafo, de la Constitución . La cuestión que plantea el recurrente se refiere, en definitiva, acerca de si la víctima de violencia de género puede acogerse a la dispensa de la obligación de testificar recogida en el art. 416‐1º LECriminal ‐‐en el mismo sentido, el art. 707 de la LECriminal ‐‐. 4 Una variante de la cuestión a decidir, es si la víctima de violencia de género que ella misma ha iniciado con una denuncia de actuación judicial puede ampararse con posterioridad en la dispensa de la obligación de declarar tanto durante la instrucción como en el Plenario, y enlazado con ello, qué validez puede tener la declaración incriminatoria de la víctima sobre su agresor sin haber sido previamente advertida de su derecho a no declarar. Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala no fue uniforme , contabilizándose diversas sentencias que llegaban a resultados diversos que no es el momento de citar, porque con la finalidad de dar seguridad jurídica a través de una interpretación uniforme acerca de esta cuestión, el Pleno no Jurisdiccional de Sala de 24 de Abril de 2013 en relación a la interpretación que deba dársele a la exención de declarar prevista en el art. 416‐1º de la LECriminal , y partiendo de que la justificación de tal exención se encuentra en el conflicto existente entre el deber legal de decir la verdad y el derecho derivado del vínculo afectivo familiar o asimilado existente entre agresor y víctima , adoptó el siguiente Acuerdo que constituye la posición definitiva de la Sala en este aspecto, como último intérprete de la legalidad penal y procesal ordinaria. “La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416‐1º LECriminal alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto” . Se exceptúan: A) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto. B) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso . Las SSTS 304/2013 de 26 de Abril y 854/2013 de 30 de Octubre aplicaron la doctrina que se derivaba de tal Acuerdo siendo de señalar , que en caso de omisión de la información de la dispensa de declarar, ex. art. 416‐1º LECriminal , a la persona concernida, ello no llevaría sic et simpliciter a la nulidad del juicio, y sí solo a la de la declaración concernida por lo que la condena podía ser mantenida de existir otras pruebas de cargo suficientes. De acuerdo con esta decisión, y trasladando la misma al caso presente, con el examen de los autos verificamos los siguientes datos : 1‐ Maribel denunció en la Comisaría Provincial de Oviedo el día 6 de Julio de 2012 a su pareja, al recurrente Abilio por malos tratos y por delito contra la libertad sexual. Allí no fue informada de su derecho a no declarar contra su pareja, lo que por otra parte sería contradictorio con la clara y libre iniciativa de Maribel de ser denunciante. 2‐ Al folio 70 y siguientes se le instruyó a Maribel de sus derechos en sede judicial , con ocasión de su comparecencia para ser oída en declaración el 7 de Julio de 2012. En dicho momento no se le instruyó del derecho de eximirse de declarar de acuerdo con el art. 416‐1º LECriminal . 3‐ En virtud de petición de parte ‐‐folio 100‐‐, por Decreto de 18 de Julio de 2012 se solicitó de los Colegios de Procuradores y Abogados la designación de turno de oficio en favor de Maribel para ejercer la Acusación Particular . 4‐ De acuerdo con la petición efectuada, los Colegios Profesionales concernidos nombraron abogado y procurador a Maribel para actuar como Acusación Particular en el proceso contra su ex pareja ‐‐folio 105‐‐. 5‐ Por Diligencia de Ordenación de 20 de Julio de 2012, se tuvo por hecha la doble designación de procurador y abogado para el ejercicio de la Acusación Particular por parte de Maribel ‐‐folio 106‐‐. 6‐ Obran en la fase de instrucción diversas peticiones de la Acusación Particular ejercida por Maribel en relación con la causa que se estaba instruyendo, y asimismo, resoluciones del Sr. Juez Instructor resolviendo peticiones de la Acusación Particular, ‐‐folios 112 y siguientes, 175 y siguientes, 179 y siguientes, 186 y siguientes y 240 y siguientes‐‐. 7‐ Obra comparecencia llevada a cabo por la propia Maribel el día 26 de Septiembre de 2013 ‐‐ un año después de haber estado ejerciendo la Acusación Particular‐‐ en la que se retira del ejercicio de las acciones penales y civiles . 8‐  En el Plenario, antes de su interrogatorio fue preguntada por el Sr. Presidente de las Generales de la Ley, y en concreto sobre la existencia de cualquier clase de relación con el procesado manifestando, quedando recogido en la grabación, que la respuesta de Maribel fue “ahora nada,era su compañera sentimental” . El Tribunal sentenciador valoró la declaración de Maribel en el Plenario ‐‐f.jdco. segundo de la sentencia‐‐ en los siguientes términos: 5 “….Tales declaraciones resultan coincidentes con las vertidas en el Plenario y si bien en su actitud se refleja una tendencia de no perjudicar al acusado en correspondencia con la renuncia que formuló en la instrucción, mantuvo la ausencia en el relato fáctico consignado…” . En este escenario debemos declarar que en la medida que la víctima, Maribel , ejerció la Acusación Particular durante un año en el periodo de instrucción, aunque después renunció al ejercicio de acciones penales y civiles, tal ejercicio indiscutido de la Acusación Particular contra quien fue su pareja en el momento de la ocurrencia de los hechos denunciados, la convierte en persona exenta de la obligación de ser informada de su derecho a no declarar de acuerdo con el Pleno no Jurisdiccional de Sala de 24 de Abril de 2013 . Ciertamente renunció posteriormente al ejercicio de acciones penales y civiles y compareció al Plenario como testigo / víctima, pero en la medida que con anterioridad había ejercido la Acusación Particular, ya no era obligatorio instruirla de tal derecho de no declarar que había definitivamente decaído con el ejercicio de la Acusación Particular . Caso contrario y a voluntad de la persona concernida, se estaría aceptando que sucesivamente y de forma indefinida la posibilidad de que una misma persona, pudiera tener uno u otro status, a expensas de su voluntad, lo que en modo alguno puede ser admisible. En consecuencia , y si bien es cierto que en el inicio de la causa penal, no se le informó de su derecho a no declarar ex art. 416‐1º LECriminal con motivo de su declaración en sede judicial el día 7 de Julio de 2012. El posterior ejercicio de la Acusación Particular, ‐‐y durante un año‐‐, le novó su status al de testigo ordinario, el que mantuvo, aún después de que renunciara al ejercicio de la Acusación Particular , por lo que su declaración en el Plenario tuvo total validez aunque no fuese expresamente instruida de un derecho del que ella misma había renunciado al personarse como Acusación Particular. No hubo vacío probatorio de cargo , y la declaración de Maribel en el Plenario, junto con el resto de probanzas a las que se refirió el Tribunal en su sentencia, constituyó prueba de cargo suficiente para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia. Procede la desestimación del motivo .”

Puedes consultar la sentencia íntegra en el siguiente enlace:

http://www.economistjurist.es/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Tribunal-Supremo1.pdf

Administración desleal vs Apropiación indebida

Desde su introducción en el Código Penal de 1995, el delito de Administración Desleal del ya extinto art. 295 del CP ha generado auténticos quebraderos de cabeza tanto a la Doctrina como a la Jurisprudencia. Ello ha sido así debido a la inseparable relación que el mismo mantiene con el delito de Apropiación Indebida del antiguo artículo 252 del CP. A lo largo de los años, nuestro Tribunal Supremo ha ido consolidando Jurisprudencia acerca de los criterios diferenciadores de ambos preceptos, estableciéndose eso sí, diferentes pautas diferenciadoras. Así pues, nos hemos encontrado con que el Tribunal Supremo ha considerado que entre ambos se producía un concurso de normas y que éste debía ser resuelto de acuerdo con el principio de alternatividad. Otras ocasiones ha recurrido a la figura de los círculos concéntricos, aplicando finalmente el principio de especialidad. Así mismo, también se acudía a la figura del “exceso intensivo” que realizaba el Administrador de una sociedad, entendiendo que su actuación se encontraba dentro de sus márgenes de actuación si bien ésta se ejercía de forma indebida, y por tanto, los hechos se calificaban como Administración Desleal. O por contra, a la figura del “exceso extensivo”, cuando el administrador disponía de los bienes cuya administración había sido encomendada, pero superaba sus facultades de administrador, por lo que su conducta era calificada como un delito de Apropiación Indebida. Sin embargo, numerosos problemas se generaron cuando la distracción se refería a dinero y/o bienes fungibles. Es aquí donde paso a reproducir una excelente sentencia del Trbinual Supremo de 13 de julio de 2015, ponente Excmo. Alberto Gumersindo Jorge Barreiro, la cual se centra en dicha delimitación:

“Sin embargo, tal como se viene a sostener en la STS 656/2013, de 22 de julio , y se acoge en la sentencia de síntesis 206/2014 , la tesis delimitadora más correcta entre los tipos penales de la distracción de dinero y bienes fungibles ( art. 252 del C. Penal ) y del delito de administración desleal es la que se centra en el grado de intensidad de la ilicitud del comportamiento del autor en contra del bien jurídico tutelado por la norma penal. De modo que ha de entenderse que las conductas previstas en el art. 295 del CP comprenden actos dispositivos de carácter abusivo de los bienes sociales, pero sin un fin apropiativo o de incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, de ahí que se hable de actos de administración desleal. En cambio, la conducta de distracción de dinero prevista en el art. 252 del C. Penal , ya sea a favor del autor del delito o de un tercero, presenta un carácter de apropiación o de incumplimiento definitivo que conlleva un mayor menoscabo del bien jurídico.”

“Este criterio no solo tiene la ventaja de la claridad conceptual y funcional a la hora de deslindar el ámbito de aplicación de ambas figuras delictivas, sino que también permite sustentar con parámetros más acordes de justicia material la diferencia punitiva que conllevan ambos preceptos (el art. 252 y el 295). “

“Y es el criterio también aplicado en la STS 517/2013, de 17 de junio , que ubica la diferencia entre ambas figuras en que en la administración desleal se incluyen las actuaciones abusivas y desleales de los administradores que no comporten expropiación definitiva de los bienes de que disponen, en beneficio propio o de tercero, mientras que en la apropiación indebida se comprenden los supuestos de apropiación genuina con “animus rem sibi habendi” y la distracción de dinero con pérdida definitiva para la sociedad”, siendo esta diferencia la que justifica la reducción punitiva, que en ningún caso resultaría razonable si las conductas fuesen 5 las mismas y sin embargo se sancionasen más benévolamente cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador.”

Puedes leer la Sentencia completa  en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7450133&links&optimize=20150817&publicinterface=true

Bendita dispensa

En ocasiones, para muchos de nosotros, la dispensa del deber de declarar para la víctima en los casos previstos en el artículo 416 Lecrim suele ser, o una bendición, o un auténtico martirio ( sobre todo en el 80 % de casos de violencia doméstica en los que además de prepararnos exhaustivamente un juicio por los increíbles honorarios de 230 euros aproximadamente, nos encontramos que el día de la vista la víctima pretende acogerse a la dispensa del deber de declarar). Sin embargo, éste martirio no solamente se produce para las acusaciones, si no que también puede producirse para las defensas que poco o nada saben del contenido de la dispensa, pues no sería la primera vez que por su Señoría se deniega a la víctima el derecho a acogerse a la dispensa, y tanto defensa como acusación se quedan totalmente absortos y faltos de argumentos contra tal decisión, mientras el Ministerio Fiscal sonríe pícaramente desde su estrado. Sentado lo anterior, procedamos a analizar una cuestión que me resulta de sumo interés.

Con ocasión a un juicio celebrado hace apenas dos semanas, plantee, como defensa, una cuestión previa a Su Señoría que si bien la dejó algo confusa, muy cortesmente ( y considero que también acertadamente) no tuvo inconvenientes en admitir, incluso sin la oposición del Ministerio Fiscal. La cuestión es la siguiente: en un proceso en el que la víctima puede acogerse a la dispensa al deber de declarar, debería ésta declarar previamente al acusado?. Como los lectores de éste blog saben, soy un fiel y encarecido defensor de la declaración del acusado como último acto de prueba, en aras a garantizar, por encima de todo, su derecho de defensa. Por ello, entiendo que éste derecho de la víctima puede ocasionar un grave perjuicio a nuestro defendido, pues imaginemos un caso en el que la víctima, previamente a la celebración del juicio, nos indica que se va a acoger a la dispensa de no declarar, y nosotros, confiados de que así será, indicamos a nuestro cliente que se acoja a su derecho a no declarar, éste lo hace, y posteriormente la víctima no se acoge a la dispensa y declara. Sin duda alguna, la sentencia seguramente será condenatoria. Por ello, en supuesto así, me decanto por establecer el siguiente modus operandi:

1- Hablar con la Acusación Particular ( si la hubiera ) para que en el caso de que la víctima quiera acogerse a la dispensa, ésta como cuestión previa desista de la acusación.

2- Indicar al juez, como cuestión previa, que en aras a garantizar al máximo el derecho de defensa de nuestro cliente, habida cuenta de la particularidad del interrogatorio al poder acogerse la víctima a la dispensa, se entiende procedente y ajustado a derecho que sea ésta quien previamente declare, para que si ésta no se acogiere al uso de la dispensa y por tanto declarase, nuestro cliente pueda declarar y mostrar su argumentos exoneratorios de la conducta imputada, pues en el caso en que la víctima se acogiera a su derecho a la dispensa, es lógico que nuestro cliente no declarará en la fase oral ( a no ser que existan elementos externos de prueba que por su entidad puedan considerarse más que suficientes para el dictado de una sentencia condenatoria, por lo que quizá en algunos casos el cliente deberá declarar para desvirtuarlos, eso sí, más que instruido por el letrado para que así sea).

Como indicaba anteriormente, éste argumento fue el que utilicé recientemente (mucho más extensamente, lógicamente) y que la juez acogió de buena voluntad. Resultado? Sentencia absolutoria.

Creado con WordPress & Tema de Anders Norén