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Blog de Derecho Penal y Procesal Penal de Víctor Muñoz Casalta

¿Y cuándo hablo yo, señoría?

  • ¿Cuál es el orden en que se realiza un juicio en el ámbito penal?
  • Bien, si no se planteasen cuestiones previas, el juicio se inicia con el interrogatorio del acusado……

Seguramente, este breve diálogo lo habremos oído en clase de derecho procesal penal todos aquellos que nos dedicamos al ejercicio de la abogacía en el orden penal (y los que no, también lo habrán oído). Para muchos de ellos, esta explicación viene finalmente corroborada cuando realizan su primer juicio y comprueban que ciertamente, el juicio inicia con el interrogatorio del acusado.

Sin embargo, muchos de los compañeros que además de ejercer la abogacía penal, nos gusta estudiarla y plantearnos preguntas que jurídicamente nos hagan reflexionar, nos planteamos la siguiente cuestión: ¿No se verá afectado el derecho de defensa de nuestro cliente, quién deberá declarar sin que previamente lo haya hecho la víctima ni los testigos y sin que además se haya practicado prueba alguna?. La respuesta la veremos más adelante, ahora centrémonos en analizar el articulado de la LECrim.

Es imposible hallar en nuestra legislación criminal un artículo que regule el interrogatorio del acusado. Para encontrar algo que se le pueda asemejar, debemos acudir al artículo 688 y ss de la LECrim, pero cuidado, que no nos hablan del interrogatorio del acusado, sino de lo que se conoce como “prueba de confesión”. En el art. 696, nuestra LECrim nos dice lo siguiente: “Si el procesado no se confesare culpable del delito que le fuera atribuido en la calificación, o su defensor considerase necesaria la continuación del juicio, se procederá a la celebración de éste”. Hasta aquí todo el “rastro legal” sobre el interrogatorio del acusado.

Teniendo en cuenta el cariz inquisitorial de nuestra norma procesal, no extraña pues que el interrogatorio del acusado se produzca al inicio del juicio, hecho que a su vez beneficia considerablemente tanto al Ministerio Público como a las Acusaciones que hubieren en la causa.

Sin embargo, muy interesante resulta la vía que nos abre el artículo 701 de la LECrim, el cual reza: “Acto continuo se pasará a la práctica de las diligencias de prueba y al examen de los testigos, empezando por la que hubiere ofrecido el Ministerio Fiscal, continuando con la propuesta por los demás actores, y, por último, con la de los procesados. Las pruebas de cada parte se practicarán según el orden con que hayan sido propuestas en el escrito correspondiente. Los testigos serán examinados también por el orden con que figuren sus nombres en las listas.

El Presidente, sin embargo, podrá alterar este orden a instancia de parte, y aun de oficio, cuando así lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento de los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad.”

Por tanto, éste artículo nos dice 2 cosas:

  • A la hora de proponer prueba en el escrito de defensa solicitaremos el interrogatorio del acusado en último lugar, y no en primer lugar como habitualmente se hace.
  • A pesar de solicitarlo en primer lugar, como cuestión previa (si bien no es una cuestión como tal) podremos solicitar a su señoría que altere el orden de declaración del acusado, pudiendo incluso la misma hacerlo de oficio.

Ello es lo que en la actualidad están realizando diversos Magistrados y Jueces, entre los que cabe destacar a José Luís Ramírez y Carme Guil, magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 6 y 5 respectivamente, quienes abogan por dicho cambio ( y además lo aplican en la práctica), logrando incluso la celebración de un pleno no jurisdiccional de la AP de Barcelona que se celebrará en breve y cuyo objeto es precisamente trasladar al final del juicio la declaración del acusado.

Bajo mi humilde opinión, el derecho de defensa se ve sumamente perjudicado por esta práctica. No debemos obviar que nuestra legislación procesal data del siglo XIX, y que como anteriormente decía, tiene un claro aire inquisitivo. Por otra parte, el derecho de defensa viene recogido en nuestra norma fundamental, en concreto en su artículo 17.3 y 24.2, constituyendo éste un derecho de la esfera individual frente a los poderes del Estado en el ejercicio del Ius Puniendi, y que por tanto, debe prevalecer en el proceso penal, mientras que como vemos, prevalece el principio acusatorio. Serías dudas se me plantean sobre la posible postura del Tribunal Constitucional al respecto, en el caso que algún compañero plantease recurso de amparo por vulneración de los artículos anteriormente expuestos.

Todo ello nos lleva a la conclusión de que, para poder procurar la mejor defensa a nuestro cliente, se debe realizar el mejor interrogatorio posible, y esto solamente podría producirse si previamente a realizar el mismo, tuviéramos conocimiento de lo que han declarado víctima y testigos, así como se hubiera practicado toda la prueba, pues es únicamente en ese momento cuando podremos interrogarlo a consciencia, y él, responder con picardía.

Víctor Muñoz Casalta

Abogado penalista

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5 Comentarios

  1. Antonio

    Interesante el artículo Victor. Suerte con tu blog!

  2. Mónica

    Muy bien dicho, Sr. Muñoz Casalta, principalmente cuando comenta que nuestra legislación procesal penal tiene un claro aire inquisitivo. Ya va siendo hora que esto cambie… ¿o no?
    Felicidades por su blog!

    • Efectivamente Mónica. El problema es que nos encontramos con una legislación procesal actual realizada a base de “parches”. Bajo mi punto de vista, es realmente necesario un código procesal nuevo, que se adapte a la realidad jurídica. De hecho, en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal ( que bajo mi punto de vista no será aprobado, al menos en esta legislatura) se prevé que el acusado declare en último lugar.

  3. Pues a pesar de existir ese anteproyecto, que la LeCrim. no regule de manera absoluta el asunto y esa sana costumbre procesal en dos secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona, lo cual conocía antes de plantearlo en un juicio por asesinato, puede que sean los dos únicos órganos jurisdiccionales en España que lo aceptan. Las leyes van cambiando pero la tradición es difícil de eliminar.
    Gran blog!

    • AdmVictor

      Así es Pepe, una auténtica lástima que nuestro legislador haga oídos sordos a las demandas del sector de la abogacía, el gran perjudicado casi siempre en toda modificación legislativa. Para el legislador, resulta por ejemplo más importante acortar los plazos de instrucción para vender al pueblo una “solución” a un problema que su íntimo colega el ejecutivo de turno genera, que preocuparse de garantizar al máximo el derecho de defensa de “imputado”, “invesitgado”, “acusado” o como quiera llamársele. Parece que nunca desaparecerán de nuestra legislación procesal aquellos vestigios inquisitoriales que motivaron en su día su creación.
      Un saludo. Nos seguimos!!

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